El Gobierno en funciones ha puesto en marcha su plan de recorte del gasto farmacéutico, con el que espera obtener un ahorro en esta partida de hasta 1.500 millones de euros al año.
Tras sondear hace días la aplicación de una subasta nacional de medicamentos -con el que espera recortar 1.000 millones de euros- la primera medida de efecto inmediato será la rebaja por decreto, de hasta un 8% de buena parte de los medicamentos más vendidos en las farmacias.
En concreto, el Ministerio de Sanidad ya ha aprobado la revisión de oficio del precio de 45 fármacos para la diabetes, que a partir del 1 de julio verán su precio reducido entre un 6% y un 8%.
El recorte del precio afecta sobre todo a las últimas innovaciones que han aparecido en el tratamiento de la diabetes tipo 2, como la liraglutida (Victoza del laboratorio Novo Nordisk) o diraglutida (Trucility, de Lilly), cuyo precio de venta al público ronda entre los 60 y los 100 euros.
El grupo de medicamentos para la diabetes es actualmente el que obtiene mayores ventas anuales en las farmacias y, por tanto, su recorte de precio es el que puede beneficiar más a las administraciones regionales, que asumen de media un 50% del precio a través de las recetas..
17 laboratorios afectados
Los 45 medicamentos que bajarán de precio pertenecen a un total de 17 laboratorios farmacéuticos, entre ellos las compañías españolas Almirall, Ferrer, Esteve y Faes Farma, junto a las multinacionales Boehringer Ingelheim, Novartis, Lilly, Merck Sharp & Dohme (MSD) o Mylan.
Entre los medicamentos afectados aparecen marcas como Jentadueto, Trajenta, Efficib, Janumet, Ristfor, Velmetia, Ristaben, Victoza, Trulicity, Tesavel, Xelevia, Galvus, Jalra, Xiliarx, Eucreas, Icandra o Zomarist.
Según una nota de Sanidad, las farmacias dispensarán y facturarán al Sistema Nacional de Salud al nuevo precio de comercialización a partir del día 1 del mes siguiente a su publicación, es decir, a partir del 1 de julio.
Sanidad recuerda que tiene potestad para bajar arbitrariamente los precios de los medicamentos «cuando lo exijan cambios en las circunstancias económicas, técnicas, sanitarias o en la valoración de su utilidad terapéutica», según recoge la Ley del Medicamento.
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